Luego de la caída
del Muro de Berlín la lógica de funcionamiento de los medios cambia, dejan de
ser usinas de ideas y debate para transformarse en productos mercantiles que
responden a (y se guian por) las reglas del mercado. Este cambio facilita la
conformación de grupos y esta conlleva una obligación de diálogo entre el poder
político y el poder económico representado en estos multimedios.
La historia en Argentina
es la historia de la construcción de otro muro luego de la caída en 1989. Esta
pared protectora se erige en torno a la
Ley 22.285, la
Ley de Radiodifusión sancionada por el gobierno de facto de
Rafael Videla. La protección, ya sea por acción u omisión es constante, ya que
no es hasta 2009 que se sanciona la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que
dejará sin efecto una que había sido aprobada por los militares.
Más allá de los
clichés construidos en torno a la década, no es mentira que los ’90 dejaron un
saldo altísimo y casi total de privatizaciones y venta de todo tipo de empresas
productoras y prestatarias de servicios. Es justamente en esta época que las
modificaciones a la ley de radiodifusión facilitan la conformación de grandes
grupos empresarios que empiezan a adquirir, poco a poco, señales de televisión,
medios gráficos, medios radiales y demás medios de comunicación.
Ya en 1980, el
Informe MacBride de la Unesco
advertía sobre los riesgos de la concentración mediática. Habiendo partido de
la idea de analizar las problemáticas comunicacionales en el mundo moderno, en
particular con relación a la comunicación de masas y la prensa, su objetivo era
establecer posibles soluciones y promover la paz y el desarrollo de las
sociedades. Uno de los apartados repara específicamente en la concentración.
En dicho informe, si
bien se tienen en cuenta las posibles ventajas de que un par de manos manejen
más que un par de medios si están guiadas por la buena fe y el deseo de
progreso, se reconoce que es una de las más grandes amenazas a la libertad de
expresión si los intereses que subyacen detrás son económicos. Las tasas de
interés y el fluir del capital deberían ser ajenas al incentivo para adquirir
variedad de medios de comunicación.
Incluso en los años
que el informe se realiza alrededor del globo, varios países ya tenían
sancionadas leyes que controlaban los mecanismos monopólicos y les establecían
regulaciones para la adquisición y conservación de licencias. En este sentido, la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual no sería un elemento extraño, pero si puede ser
considerado coercitivo en el contexto histórico actual.
Si bien es cierto
que el debate en torno a la nueva Ley parece volverse eterno, es indispensable
la plena aplicación de una norma que derogue la histórica ley de la dictadura,
complementada con los retoques neoliberales, que además de su antigüedad,
facilita la concentración de muchos medios en poquísimas manos.
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